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La métrica del alegato

Por Marcos Escobar para El Diario del Juicio
Ph Elena Nicolay
Sin entrar en el terreno de la poesía, ni de la prosa. No es lo que se pretende. Tampoco vamos entrar en la pesada narrativa de intentar describir un denso momento, en el cual el anti héroe aparece en la historia. No vamos empezar a describir esa clase de personajes intelectuales, destacados, estudiosos y con un humor negro que nace de su distancia entre la comprensión del mundo y la del común de la humanidad.
Pablo Gargiulo es un abogado cuarentón. Su cabeza comienza a sentir cada vez más los inviernos crudos, debido a que una parte de su cabellera ha decidido jubilarse varios años antes que él mismo. Gusta de fumar un cigarrillo en la puerta del Tribunal Oral Federal cuando el juez dicta que la sesión debe pasar a cuarto intermedio. Los días de frío usa una boina, francamente, horrible.
Pablo está en pareja. No puedo afirmar si casado o no. En estos días modernos, los jóvenes inventan nombres cada vez más originales para nombrar el compartir la vida con otra persona.
Pablo tiene una abuela, que cree fuertemente que el estado más profundo de depresión al que puede llegar un ser humano, puede ser curado con cantidades bestiales de comida casera. Él concuerda con ella.
Pablo llamó a su abuela por su nombre una sola vez en su vida. Cuando debió dirigirse a ella como testigo en la causa por la desaparición de su hija. La madre de Pablo
Pablo descubrió, luego de muchos años, que su nombre provenía del nombre de guerra de su propio padre, y no de Pablo Neruda, como le habían hecho creer.
Pablo es parte de la querella que atendiende los casos de Zurita, González, Agüero, Leiva, Gómez, Martín, Gargiulo, Gómez de Gargiulo, Vicente, Achin y Jarolasky.
Pablo es hijo de desaparecidxs.
El pasado viernes 4 de agosto presentó ante el tribunal sus alegatos y los pedidos de condena que, según su entendimiento, debían recaer sobre los imputados.
El camino de su razonamiento tiene raíces en una sólida base histórica, la cual desarrolló al principio, retrotrayéndose hasta el siglo XIX, a la Campaña del Desierto, como el primer episodio en el cual el Ejército intervino para garantizar los privilegios de los sectores económicamente dominantes. La caminata histórica a la que el querellante nos invita continúa, hace alusión a los variados episodios en los cuales los sectores privilegiados de la sociedad se valieron del apoyo de las Fuerzas Armadas para sojuzgar a lxs trabajadorxs, para castigar y reeducar a las fuerzas en constante rebelión contra el sistema que los explotaba (lo sigue haciendo hasta el día de hoy). Su revisión de la historia argentina es causal. Tiene un objetivo, y es el de establecer la relación pujante que han mantenido estos bandos, el privilegiado y el explotado, y la asistencia que las fuerzas represivas han prestado al primero durante todo este proceso.
El abogado no se limita al Ejército. Agrega como responsables históricos de la represión a la Iglesia católica y a las fuerzas imperialistas extranjeras. Ambos elementos determinantes, tanto en su apoyo, como en su silencio y cooperación, que aseguraron la eficiencia y el alcance de la dominación sobre la población que las fuerzas armadas llegaron a ejercer.
Él no habla de una represión amorfa, sin sentido, ni aleatoria. Él define un tipo de control violento ejercido de manera organizada por personas altamente entrenadas en las tareas de control sobre la población, apuntada a doblegar específicamente la organización de lxs trabajadorxs, para poder transformar la naturaleza combativa de este grupo en una liviana docilidad que asegure los beneficios del empresariado. “Los sindicalistas representan el 42% de los casos jugados en esta causa. Había un solo verdadero objetivo cuando se implementó este plan sistemático de represión, y no era el de combatir a una guerrilla subversiva. El objetivo era liquidar el movimiento obrero y estudiantil de Tucumán”.
En su alegato, Pablo, define la estrategia comunicativa que se empleó para ocultar la realidad de violencia que implicó el Operativo Independencia, detrás una supuesta guerra contra la guerrilla subversiva oculta en el monte del sur tucumano. Hace alusión al término “teatro de operaciones”. Concepto empleado en los manuales militares y que se refiere al espacio de combate, pero que es empleado por Santiago Garaño, investigador del CONICET, para describir la construcción del terror como arma de acción psicológica apuntada a toda la población. Se pretendía justificar el asfixiante control social y la práctica de métodos de tortura sobre las personas mediante el desarrollo de un discurso que intentaba hacer pasar esta torcedura del orden legal y humano como una conducta razonable en el inminente marco de una guerra. Se lograba esta disociación de la realidad creando un enemigo. Uno difuso y maleable, que permitiera ajustarlo a las necesidades de las fuerzas represivas. Un enemigo que se presentaba como una amenaza para la sociedad, de la cual, el ejército debía proteger a la parte sana de la ciudadanía.  
Ya definido el enemigo, encarnado en la figura de la subversión, este constructo era utilizado como pantalla que buscaba justificar el secuestro y la tortura de las personas, con la excusa de que se buscaba obtener información sobre el enemigo. La víctima era expuesta ante lxs vecinxs como el enemigo, generando desconfianza, y rompiendo lentamente, los lazos de solidaridad entre los miembros de una comunidad.
El Ejército Argentino aprendió a combatir la organización sindical estudiando las doctrinas francesa y estadounidense, formándose en lo que era considerado un tipo especial de combate. La “guerra contrainsurgente”. Estas doctrinas se pensaban especialmente para desarmar las estructuras sociales obreras que se organizaban con el objetivo de defender sus derechos. Esta ideología se inscribía en el contexto de la Guerra Fría, en la cual la lucha entre dos bloques mantenía dividido al mundo. Las doctrinas de esta guerra “no convencional” se centraban en la persecución de personas que adscribieran al pensamiento socialista, anarquista o cualquier expresión de se planteara en defensa de los derechos obreros, ya que se veía en ellos la sombra de la Unión Soviética y el marxismo. La contracara de bloque occidental capitalista.
Lo que el ejército planteaba, en palabras de Pablo, era una “hipótesis de conflicto”, lo que daba pie al estado de sitio en los el cual se intentó amparar legalmente al Operativo Independencia y la posterior dictadura. Aquí, el abogado hace una aclaración importante en su alegato. Afirma que, en primer lugar, es irrisorio plantear como un conflicto bélico real entre dos fuerzas que no tiene punto de comparación en cuanto a cantidad de personal, formación del mismo, armamento y equipamiento. El peligro real que puede haber llegado a representar la guerrilla en Argentina, no justifica la cantidad de recursos que se destinaron a esta supuesta guerra. No justifica la subversión de los intereses del Estado a los de las Fuerzas Armadas.
Esta alteración del orden democrático y el uso constate de las acciones psicológicas contra la sociedad corresponden a la imposición de un régimen autoritario, que estableció la persecución de toda persona que se identificara con una ideología opuesta a la moral occidental, cristiana y capitalista que se pretendía imponer. Esta lógica dictaba el asesinato todo individuo crítico del orden económico impuesto por los mayores beneficiarios de un sistema económico que genera, sui generis, desigualdad. En este contexto de una contienda a nivel global, las fuerzas armadas ejercieron una fuerte violencia sobre la clase obrera con el objetivo de mantener los privilegios de la clase dominante e imponer una mentalidad individualista, cometiendo atrocidades que hoy, podemos calificar como crímenes de lesa humanidad.
El secuestro, la apropiación de niñxs, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas. Todos estos crímenes inscriptos en una lógica sistemática de generación del terror y dirigidos desde la maquinaria del Estado, son lo que permite identificarlos como delitos de lesa humanidad, por lo cual no prescriben, y por lo cual, dice Pablo, lo imputados deben ser condenados.
Concluye el alegato. Las penas son requeridas en base al lugar que ocupaban dentro del esquema represivo y a la responsabilidad que tenía dentro del mismo. Para Alberto Alfredo Svendsen, se pidieron 12 años de prisión. Para Jorge Gerónimo Capitán, se pidió prisión perpetua. Para Enrique José del Pino, se pidió prisión perpetua. Para Jorge Omar Lazarte, si pidió prisión perpetua. Para Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz, se pidió prisión perpetua. Para Luis Armando De Cándido, se pidió prisión perpetua. Para Manuel Rubén Vila, se pidió prisión perpetua. Para Ricardo Oscar Sánchez, se pidió prisión perpetua. Para Omar Edgardo Parada, se pidió prisión perpetua.
El querellante solicitó que la pena sea cumplida en cárcel común, y de manera efectiva. Y que aquellos que por razones de salud o de edad no puedan cumplir la condena en una unidad penitenciara, sean sometidos a prisión domiciliaria, bajo el control del programa de vigilancia electrónica.
Pablo ha terminado su alegato. Ya no es más un abogado querellante. Su trabajo, para el cual podríamos decir que lleva una vida entrenándose, ha concluido. Al menos por este día. Ya han sido presentadas las razones técnicas, jurídicas y penales por las cuales considera que los imputados deben ser encontrados culpables.
Pablo ya no es el querellante. Es un militante que se encuentra frente a un jurado, encarnando una voz, un discurso que puja desde las calles, intentando meterse en las cabezas. “Señores jueces. Este discurso negacionista y legitimador con el que hemos tenido que convivir los familiares de las víctimas no puede continuar. Las técnicas de acción psicológica que se implementaron durante el Operativo Independencia perduran hasta el día de hoy”. Pablo nos cuenta la historia de un mundo, con desigualdades con violencia ejercida desde el Estado, de una policía impune, de genocidas que llegan a ser gobernadores y de concejales que, hasta el día de hoy, pretenden que el ejército intervenga para combatir la “inseguridad”. La nueva excusa, la nueva batalla fraguada, la forma actual de la “hipótesis de conflicto”, que plantea de nuevo un enemigo maleable y pretende justificar los excesos cometidos por la policía.
Pablo es un nieto. Nos cuenta como su abuelo se quedaba mirando a la nada en las noches de festejos de fin de año, con los ojos vacíos, enfocando el recuerdo de su hija más chica, a la cual nunca volvió a ver después del 5 de marzo de 1975, y de la cual no pudo escuchar una risa más, antes de fallecer.
“Ser un hijo de desaparecidos, es como tratar de armar un rompecabezas infinito, una imagen a la que siempre le faltan piezas. Uno no puede llenar la ausencia uno habita en ella. Y cuando uno habita en esa ausencia, aprende a hacer otras cosas con ella. Como compartirla, entonces cambia. No se llena, pero cambia”.
La sala de audiencias es un lugar sombrío o solemne, de acuerdo con la perspectiva desde la cual se la mire. Una sala amplia, mal iluminada. La disposición de la sala genera que, desde cualquier lugar, los jueces parezcan gigantes. Una distribución con un claro mensaje. Lo que se impone es la justicia del Estado, encarnada en los jueces, y un cristo irónicamente (?), anclado detrás de sus asientos, como vigía fuera de lugar, en una especie de alusión a la justicia divina, al ojo vigía de un dios, y a la cooperación entre Iglesia y Estado durante la implementación del plan sistemático represivo.
Pablo, solo con su voz, hizo de la justicia, poesía, en esa sala.

https://www.facebook.com/colectivolapalta/videos/1744131275615639/

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