viernes, 19 de agosto de 2016

Crónica viernes 12 de agosto: “Se llevaban gente de día y de noche”


  • por Erika Leiva y Sofía Romera Zanoli para el Diario del Juicio
PH Elena Nicolay



María Cristina Aranda fue la primera testigo en contar su terrible historia, la del asesinato de sus hermanos en 1975 en manos de las fuerzas armadas,  ante el Tribunal Oral Federal que lleva adelante uno de los juicios por delitos de lesa humanidad  de mayor magnitud que se realizó en la provincia.

“Se llevaban gente de día y de noche, Juan Eugenio tenía un bebé de 22 días con su compañera Leila Susana, cuando se lo llevaron”. Tanto el niño como la mujer aún están desaparecidos “yo le decía a mi papá que ya teníamos la marca, nos había quitado  todo, ya no teníamos nada más” señaló la testigo con una angustia que entrecortaba su voz.

El 23 de marzo de 1975 María Cristina  fue junto a su  padre Juan Luis y sus  hermanos Juan Eugenio (Nito) y Francisco Armando (Cuco) Aranda a la fiesta de casamiento de Liliana Lazarte y Humberto Carrizo, sus vecinos en San Pablo. “Era la medianoche y lloviznaba” precisó “un grupo de 30 hombres armados de la policía federal y militares, algunos vestidos de civil y otros uniformados, entraron a la casa donde era la fiesta. Yo estaba parada en la entrada y cuando me di cuenta uno de los hombres me estaba apuntando con un arma en la cabeza y me pedía que me corra”.

Entre gritos y golpes  los efectivos sacaron a los invitados de la fiesta que no portaban documentación,  y los hicieron formar una fila de mujeres y otra de hombres. Entre ellos se encontraban los hermanos Aranda, que “fueron obligados a salir de la fila y llevados a su casa que se encontraba en diagonal al lugar donde se celebraba la boda”, sostuvo María Cristina.

miércoles, 17 de agosto de 2016

REPUDIO A LA INTIMIDACIÓN Y EL AMEDRENTAMIENTO SUFRIDOS POR LA DRA. LAURA FIGUEROA Y OTROS MILITANTES DE DDHH

Movilización unitaria el jueves 18 de agosto a las 18 hs desde el Tribunal Oral Federal hacia
Plaza Independencia donde se realizará un acto a las 19,30  hs.

Las organizaciones abajo firmantes repudiamos el atentado del que fue víctima la Dra. Laura Figueroa, abogada de larga trayectoria por los Derechos Humanos, querellante en causas contra los genocidas en Tucumán.

El día 13 del corriente mes, en horas de la tarde, una patota de seis hombres reventó la puerta de entrada de su domicilio y revolvieron toda la casa sin llevarse nada. Esto sucedió mientras Laura Figueroa regresaba de Belén (Catamarca), luego de participar de un acto en homenaje al militante desaparecido Juan Carreras, identificado en el Pozo de Vargas y de cuya familia Laura Figueroa es abogada querellante. En el trayecto de regreso, en la ruta, sufrió el hostigamiento de dos vehículos.

También, los militantes de DDHH Teresa Sosa, Manuel Yapura y Juan Roldán, fueron amedrentados en la ruta al volver de otro homenaje en Capilla del Rosario (Catamarca) cuando una camioneta intentó varias veces hacerlos desbarrancar.

Queda demostrada la relación entre estos hechos a partir de la idéntica metodología utilizada, que también fue implementada en el domicilio de Gladys Lois, testigo víctima del Juicio contra los genocidas en Santiago del Estero.

Denunciamos que estos ataques ocurren a manos de una derecha envalentonada por las declaraciones de Macri, que justifican el terrorismo de Estado, revitalizan el discurso de la “guerra sucia”, niegan la verdad histórica de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, y avalan, junto al gobierno provincial, que desfilen impunemente en el Bicentenario, genocidas del Operativo Independencia.

Por ello exigimos al Gobierno Provincial y Nacional el inmediato esclarecimiento de estos atentados, y los responsabilizamos por la seguridad y la integridad física de la abogada Laura Figueroa, de los militantes de organismos de DDHH, y de los testigos de las causas por delitos de lesa humanidad.

Invitamos a todas las organizaciones, y a toda la sociedad a participar de la marcha el 18 de agosto a las 18  hs desde el Tribunal Oral Federal sito en Crisóstomo y Chacabuco a Plaza Independencia dónde realizaremos un acto a las 19,30 hs, y a realizar una campaña provincial y nacional de adhesiones.

CONTRA LA IMPUNIDAD 
CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA A LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES


Firman:

martes, 16 de agosto de 2016

La violación a una niña de 13 años también fue parte de las "tareas" de los genocidas

  • por Marcos Nahuel Escobar para el Diario del Juicio


El testimonio de una mujer que tenía 13 años al momento de su secuestro fue el primero de la tarde del jueves 11 de agosto. Ante el mismo tribunal que habilitó a que los defensores pregunten a las víctimas acerca de "las razones por las que fueron secuestradas", la testigo relató los hechos que perjudicaron a toda su familia durante el año 1975.

Antes de lo que ella describe como "la noche más larga y cruel de mi vida", uno de sus hermanos ya había sido secuestrado. Un día, él se fue con el cura del pueblo y no lo volvió a ver más. Años más tarde, un amigo de la familia confesaría que vió como lo “levantaba” un grupo de tareas en un Falcon verde, en una esquina frente al hospital de San Pablo, donde vivían.

El 22 de marzo de 1975, ella estaba en el casamiento de una vecina, al que había asistido con su madre y su otro hermano. Tal como relataron otros testigos que estaban en la misma fiesta, en mitad de la noche el ejército irrumpió en plena celebración, acompañado de un grupo armado vestido de civil. Entraron, a los gritos, preguntando por los hermanos Aranda. Llevaban una lista con nombres de personas que buscaban.

lunes, 15 de agosto de 2016

Gilda Geretto, el testimonio que completa el secuestro de los Ojea Quintana

  • por Marcos Nahuel Escobar para el Diario del Juicio
El abogado defensor oficial Adolfo Bertini junto a los imputados
PH Julio Pantoja - Agencia INFOTO


Gilda Geretto fue secuestrada en el 75, en la casa de un matrimonio amigo, luego de ser obligada a permanecer en ese domicilio por varios días, con su hijo y los hijos de los dueños de casa. Después, fue llevada, con los niños, a la Jefatura de Policía. 

Por teleconferencia, desde Buenos Aires, relató que -durante el tiempo que permaneció en la casa con los niños- los uniformados rompieron todo. “Me llevaron detenida, pero no había ninguna orden, ni ningún juez, ni nada”, explicó.

En la Jefatura fue separada de los niños. Su hijo fue retirado por su padre, el cual debió viajar desde Santa Fe. Allí durmió en el piso durante dos o tres días, junto con una señora de apellido Imaz, quien le, contó que había sido torturada, luego fue llevada a una celda. 

En la policía fue interrogada, luego el juez también le formuló preguntas. “Yo no sabía que estaba imputada, me enteré cuando, a los pocos meses, me dieron el sobreseimiento”, señaló.  

De la Jefatura fue trasladada al penal de Villa Devoto, mientras que su hijo se quedaba con sus padres. Con el tiempo pudo sacar un pasaporte y salió del país, para exiliarse en México a fines del 75. Con su hijo pudo reencontrarse después de años.

La defensa oficial, indicando que haría una pregunta que sus defendidos le requerían, preguntó a la testigo si su marido había dirigido una huelga importante a favor de los obreros del surco y si él había sido dirigente del sindicato FOTIA. También le preguntó si él había tomado parte de un operativo armado que intentó tomar por las fuerza un cuartel en Formosa. La testigo contestó que ella se encontraba en Devoto en ese momento.

Apertura de la sesión del jueves 11 de agosto

  • por Exequiel Arias para el Diario del Juicio

Gabriel Casas, presidente del Tribunal Oral Federal
PH Elena Nicolay


La mañana del jueves 11 de agosto se vio atravesada nuevamente por debates en torno a resoluciones del Tribunal. Miembros de la acusación pública y querellantes se manifestaron en contra de la resolución del cuatro de agosto en la que se resolvía, entre otras cosas, que la defensa tendría libertad de preguntar sobre el pasado de los testigos; y que éstos contarían con la posibilidad de negarse a responder cuando sintieran que esa respuesta podría tener efectos auto incriminatorios.

Desde la fiscalía, se planteó la reposición de la resolución del tribunal, además de una aclaración. Pablo Camuña, del Ministerio Público Fiscal, le preguntó al tribunal en qué doctrina, norma o jurisprudencia del derecho nacional  o internacional se basa su manifestación de que tenga que probarse en el debate la actividad política de la víctima. 

El fiscal argumentó que, según el derecho internacional penal y los antecedentes conocidos, el cuestionamiento debería hacerse sobre el plan sistemático de exterminio que tuvo finalidades políticas, y no sobre la actividad militante de la víctima sentada ante el tribunal. Interrogarle sobre su pasado es revictimizar al sujeto con preguntas similares a las de sus captores, cuarenta años atrás. Por otro lado, el testigo-víctima que no está familiarizado con términos jurídicos no puede deducir cuándo sus dichos pueden resultar auto-incriminatorios: estas cuestiones atañen a los operadores de la justicia.

Terrorismo de estado en el surco: el Ingenio San Pablo

  • por Ana Melnik para el Diario del Juicio

Manuel Andrés Yapura es de San Pablo, actualmente vive ahí. A principios de 1975 trabajaba como obrero en el Ingenio San Pablo y era delegado del mismo en el sindicato por aval general de los demás trabajadores. En realidad, aclara, era el delegado “de palabra” ya que, legalmente, por ser menor de edad, no podía representar a sus compañeros. Incluso trabajaba en negro, por la misma razón, con la ficha de otro empleado, bajo un nombre que no era suyo. Su ingreso al ingenio, en el 69, coincidió con la gran crisis del sector azucarero. 


El ingenio no cerró, pero las consecuencias de las crisis se hicieron sentir en las ya precarias condiciones de trabajo. Manuel Andrés sabía leer y escribir -antes de tener que empezar a trabajar, había podido terminar la escuela primaria-, por lo que sus compañeros le delegaron la tarea de redactar por escrito las problemáticas e inquietudes que fuesen expresadas durante las asambleas de los trabajadores, y enviar este informe al sindicato.


Frente al tribunal, cuenta sobre la gran huelga general del 74, convocada por la FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera). A raíz de este gran reclamo reivindicativo fueron detenidos sindicalistas y obreros –él mismo fue detenido-, se armaron listas negras de trabajadores y, para amedrentar a los participantes, fueron marcadas con cruces casas de obreros.

Jueves 11 de agosto: De los destrozos en un casamiento a los horrores en “La Escuelita de los niños cantores”


  • por Ana Melnik, Exequiel Arias y Marcos Nahuel Escobar para el Diario del Juicio
Roberto Giambastiani y Sara Carrizo de Giambastiani
PH Julio Pantoja - Agencia INFOTO



Roberto Eduardo Giambastiani tenía 26 años cuando fue víctima de secuestro y torturas por parte del Estado Argentino. En ese momento era músico, compositor y estudiante de arquitectura. Hoy, con 67 años, regresó de Lyon (Francia) –donde reside desde noviembre de 1975– para prestar declaración y exigir justicia. El hombre, alto y de una larga barba gris que roza la zona de su abdomen, contó al Tribunal con gran precisión lo que vivió en marzo de 1975.

El relato de “Yamba”, como lo conocen sus amigos hasta hoy, es el primero de una serie de testimonios que dan cuenta de uno de los episodios más horrorosos de la época, y que transformó un casamiento en un baño de sangre. La noche del 22 de marzo de 1975, una patota integrada por hombres de civil y de uniforme, ingresó a la fiesta, en la casa de una familia, en San Pablo, destrozaron lo que encontraron a su paso y secuestraron a más de una docena de personas.

“Estábamos en San Pablo celebrando la unión de dos personas que se amaban”, relató Giambastiani. Aproximadamente a las 23, se presentó en el festejo un grupo de personas armadas. En medio de gritos y amenazas, voltearon mesas y sillas, comieron y bebieron lo que había para la fiesta y, entre gritos e insultos, hicieron salir a todos a la calle: los hicieron formar en filas de hombres y mujeres, frente a los faros encendidos de uno de los vehículos en lo que se trasladaban. “En la banquina había una persona que portaba el casco del ejército y que se encontraba seriamente golpeada y en mal estado”, relató; añadiendo que esa persona era la encargada de señalar a los que estaban en la fila y que luego eran secuestrados. Giambastiani fue uno de los señalados, por lo que fue arrojado a la caja de una camioneta, boca abajo, y cayó sobre otros detenidos. Una vez cumplido el operativo, a los aproximadamente 10 minutos, la camioneta arrancó. Los cuerpos de los secuestrados servían a los soldados para reposar sus pies.

Luego de haber viajado por un tiempo relativamente corto, los hicieron descender en un lugar muy boscoso y rodeado de eucaliptos. La lluvia que había venido amenazando los festejos unas horas atrás, caía ahora sobre ellos en torrente. Ya en el suelo y hundidos en el barro, los obligaron a participar de un juego macabro para la diversión de sus captores: con los ojos vendados, los hacían correr en distintos sentidos, para que se choquen, resbalen en el barro y caigan de bruces.  La humillación no se detuvo allí. A los pocos minutos, los ingresaron a un cuarto -tiempo después supo que era el casco del antiguo Ingenio Lules- donde les dieron a tomar mate cocido hirviendo. La quemadura de los dedos, manos y lenguas de las víctimas hizo estallar en carcajadas al cuerpo de fuerzas que los tenían cautivos. El terror infringido iba in crescendo.

martes, 9 de agosto de 2016

Viernes 5 de agosto: Las marcas del terrorismo de estado en el cuerpo de sus víctimas

  • por Erika Leiva, Fabiana Cruz, Hugo Díaz y Sofía Romera Zanoli para el Diario del Juicio
Imputados distendidos durante la audiencia de la Megacausa Operativo Independencia
PH Jorge Olmos Sgrosso



Humberto Rava, ex Secretario de Derechos Humanos de Tucumán, relató este viernes  ante Tribunal Oral Federal (TOF) las circunstancias en las que  él y sus padres fueron secuestrados el 18 de marzo de 1975, por las fuerzas militares que accionaban en el Operativo Independencia.

Humberto era un joven estudiante, militante  peronista y candidato a presidente del centro de estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) cuando fue detenido, hoy en día debido a las torturas que le propiciaron sus captores necesita usar un aparato permanente para poder escuchar.

“Me llevaron a la Jefatura de Policía  y me dejaron tirado en el primer piso” recordó.  Al principio estaba solo “pero con el correr de los días no se podía estar de la cantidad de gente que había, los traían de 5, de 10”.

“Fueron muchos los estudiantes universitarios de la Tecnológica secuestrados, exactamente 16” preciso el  testigo ante el tribunal integrado por integrado  por los jueces Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga.

lunes, 8 de agosto de 2016

Jueves 4 de agosto: "es una cara que te queda grabada"

  • por Exequiel Arias para el Diario del Juicio
PH Elena Nicolay



Rodolfo María Ojea Quintana es abogado y tiene 70 años. Hacia 1975 se encontraba de vacaciones con su mujer y sus dos hijos en Tucumán, acompañados por una amiga de la familia y su hijo.

La noche del nueve de febrero se encontraba en su habitación durmiendo cuando los gritos de su mujer lo despertaron: un grupo de hombres, vestidos de civiles, irrumpieron en la tranquila casa de Yerba Buena en la que se estaban hospedando. Inmediatamente intentó levantarse de la cama, pero la pistola de Albornoz presionando su cabeza lo detiene. “Lo reconocí porque es una cara que te queda grabada”, relata. “Uno se despierta y tiene una pistola en la cabeza, lo agarran del pelo y lo sacan… identifico perfectamente quién era”. Además, recuerda haberlo visto en la dependencia policial a la que fue trasladado esa misma noche.

En medio de golpes, con los ojos vendados y maniatado, Ojea Quintana fue llevado a una delegación de la Policía Federal Argentina. Relata que allí recibió numerosas sesiones de interrogatorios a cargo de un hombre con apellido Fischetti. A este sujeto, con reconocible acento porteño, no le bastaba con aplicarle picana eléctrica en todo el cuerpo, sino que también le propinaba golpes y se burlaba de él. “Se jactaba de ser torturador, era altamente impune, incluso del jefe de policía”.

viernes, 5 de agosto de 2016

La violencia simbólica en su máxima expresión


  • por Tina Gardella para el Diario del Juicio 
PH Elena Nicolay



Cual copia opaca y perversa, la sala de audiencias del TOF mostró esta mañana una serie de fotografías “encarteladas” portadas por quienes, más allá de los vínculos con los imputados, son "militantes" que buscan vaciar el sentido histórico de la lucha que con tanto empeño y valor han llevado adelante los diferentes organismos de DDHH en nuestro país.

No se explica sino, la des historización de montar fotos usando las prácticas que les pertenece única y absolutamente a las Madres de Plaza de Mayo que ante la incertidumbre del destino de sus hijos, sólo tenían para decir, mostrando sus fotos: “éste es él”, “así era ella”, “que nos digan donde están”…

Es cierto que se comparte una “escena de juicio” construida entre todos los actores que asisten a las audiencias, no sólo los actores jurídicos que llevan adelante pruebas, alegatos, testimonios.

Pero si para algo se trabaja con estudiantes, profesores, trabajadores, empleados, comerciantes y vecinos de la zona, automovilistas, remiseros… es para que la pregunta sobre por qué pasó lo que pasó en Tucumán, no quede encerrada y aplastada entre las paredes del recinto judicial.

Después de las imágenes de la copia que quiere, arteramente, equiparar dolor y responsabilidad, después de expresiones insultantes para las víctimas de un abogado defensor, después de expresiones y muecas y movimientos violentos de otro abogado defensor hasta hacia el propio presidente del Tribunal…

¿…a quiénes vamos a invitar que se sume a las audiencias para procesar y tramitar de manera colectiva la construcción de una mejor comunidad?

Salvo que ése sea finalmente, el propósito último de tanta agresión y maldad.

martes, 2 de agosto de 2016

Viernes 29 de julio: Una familia atravesada por el terrorismo de estado

  • por Erika Leiva y Sofía Romera Zanoli para el Diario del Juicio
PH Elena Nicolay



El pasado viernes 29 de julio el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, que lleva adelante la megacausa Operativo Independencia (#MegacausaOI) escuchó el horror y la destrucción a la  cual fueron sometidos los Bulacio, una familia atravesada por el terrorismo de estado durante los años 70.

La madrugada del  8 de enero de 1975 diez personas con la cara cubierta y fuertemente armadas, irrumpieron violentamente en la casa de Tomás Ángel Bulacio, en el Ex Ingenio Lules.  Tomás Ángel se encontraba junto a su esposa Lidia Rosa Espeche y sus dos hijos Sergio Darío y  Ángel Fabián, y luego de propinarle un golpe en la cabeza y amenazar con matar a sus hijos se lo llevaron secuestrado. Aún continúa desaparecido, señala el requerimiento de elevación a juicio de la causa Operativo Independencia.

Tomás Ángel tenía 27 años, era militante del Partido Justicialista y trabajaba en la Municipalidad de Lules. Además de él fueron secuestrados 4 (cuatro) de sus  hermanos, entre ellos Pascuala del Valle Bulacio  (fallecida),  también víctima en el juicio,  ya que denunció que fue detenida e interrogada sobre las actividades de su hermano.

Jueves 28 de julio: El peso insoportable de la memoria

  • por Marcos Nahuel Escobar y Valeria Totongi para el Diario del Juicio 
El genocida Heriberto "el tuerto" Albornoz
PH Julio Pantoja - Agencia INFOTO


Los tres hermanos Albornoz fueron secuestrados la misma noche, fueron sometidos a brutales torturas. Regresaron después de 20 días, pero las secuelas del terror se extendieron mucho más allá.

A la madre de Ricardo, Marcos y Víctor Albornoz le llevaron los tres hijos en una misma noche. Pese a la desesperación y la angustia, movió cielo y tierra para encontrarlos. Cuando volvieron, estaban destrozados física y mentalmente. Uno de ellos jamás pudo recuperarse por completo.

El jueves 28 de julio se reanudaron las audiencias en el juicio por los crímenes cometidos durante el Operativo Independencia, en Tucumán. Las ocupación militar que comenzó formalmente en febrero de 1975 dejó miles de muertos y secuestrados, en más de 60 centros clandestinos de detención, instalados en dependencias policiales y militares, escuelas y centros industriales o rurales.

La historia de los “tres A”, como les decían a los Albornoz los secuestradores, es un ejemplo de la brutalidad con la que actuó la represión sobre los militantes y sobre aquellos que no lo eran.

jueves, 28 de julio de 2016

Reivindicaciones y exigencias de los OODDHH del NOA, ante la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos de Tucumán

PH tomada de APA Prensa

La siguiente es una nota entregada ayer a cada uno de los consejeros de las 23 provincias más C.A.B.A., al Secretario de la Nación y al Representante Regional de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante la primera jornada del Consejo Federal:

San Miguel de Tucumán, 27 de Julio de 2016


Ante la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos en Tucumán,  y en el marco de los 200 años de la Independencia de las  Provincias Unidas en Sudamérica”, los Organismos de Derechos Humanos de la región NOA reivindicamos una vez más las líneas políticas históricas de nuestro  sector y aquellas acciones de los gobiernos democráticos, que pusieron a nuestro país, a la cabeza de las naciones que promueven y ejecutan no solo los derechos básicos sino los vinculados a los derechos políticos, económicos y sociales y  avanzamos en terrenos que tuvieron que ser construidos, como los de verdad, memoria y justicia.

Queremos hacer llegar a esta reunión nacional de los secretarios de Derechos Humanos del país, una serie de inquietudes y preocupaciones sobre el estado actual de problemáticas específicas, que están presentes a nivel nacional, o en algunas provincias, en particular.

Comenzamos afirmando que sostenemos la necesidad de garantizar presupuestariamente la realización de todas las etapas que intervienen en la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad. Al respecto consideramos que no es suficiente proclamar, como lo han hechos tanto el poder Ejecutivo Nacional como la  Corte Suprema, que esos juicios son “política de estado”. Al respecto tenemos que, contradictoriamente:

A - se ha dado de baja a personal vinculado a diferentes áreas implicadas en la consecución de justicia;

B - se adeudan pagos desde hace meses, a tareas realizadas por peritos (caso Pozo de Vargas en Tucumán y fosas Arsenal Miguel Azcuénaga en Tucumán; el pago a los taquígrafos de los juicios en Jujuy);

C - los prolongados plazos que la justicia tiene para resolver las cuestiones traídas a su conocimiento, ha terminado implicando que múltiples procesos, pese al tiempo transcurrido, sigan sin tener condenas firmes. Esto ha generado que acusados condenados se encuentren en libertad. A esa situación le sumamos lo que consideramos liviandad con la cual la Justicia Federal concede prisiones domiciliarias a los imputados en causas de lesa humanidad, criterio que rechazamos y acerca del cual, sostenemos no se aplica, con idéntica vara,  en otro tipo de delitos;

lunes, 25 de julio de 2016

“Les pedía que me mataran, porque no aguantaba más”

  • por Valeria Totongi para el Diario del Juicio
La Escuelita de Famaillá
PH Luciana Cerimele



Una testigo que declaró bajo reserva de identidad contó que tenía 15 años cuando la secuestraron. Durante todos los días de su cautiverio en “La Escuelita” sufrió tormentos y abusos. Pasaron 41 años y todavía sufre secuelas.

Faltan pocos días para que se reinicien las audiencias del juicio por los delitos cometidos durante el Operativo Independencia. Después de tres semanas de receso (la primera porque coincidía con los festejos del  Bicentenario, la dos siguientes por feria judicial), vale la pena retomar algunos de los relatos que ofrecieron valientemente víctimas y sus familiares sobre la brutal represión a la que fueron sometidos por parte de las fuerzas armadas y de seguridad, antes y durante sus secuestros.

El jueves 30 de junio declaró, como testigo de identidad reservada (se desalojó de la sala al público y a los imputados) una mujer que tenía 15 años cuando la patota entró a su casa, en un barrio de La Reducción. Pasaron 41 años y todavía recuerda con detalle esa noche y las noches siguientes, las que pasó en el centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita de Famaillá”.

miércoles, 20 de julio de 2016

Estamos en problemas…


  • por Tina Gardella para el Diario del Juicio
PH tomada de Twitter



Cual juego de gran bonete “yo señor, no señor” nadie se hace cargo de la presencia del Operativo Independencia en el desfile del Bicentenario. Y decimos Operativo Independencia porque más allá de quienes desfilaron, la irradiación de su representación y proyección, los excede. Por eso, estamos en problemas

Como puesta en escena que lo es, un desfile es un acto público y por lo tanto político. Responde a objetivos y se diseñan estrategias al respecto. Forma parte de la construcción de subjetividad en tanto lo colectivo materializa todo simbolismo de pasado, presente y futuro. Que haya estado o no en el guión, que hubo o no infiltración, que los conductores esto y los controles aquello, que sí, que no… son muestras de que no se delimitó la responsabilidad política del hecho. Responsabilidad que da cuenta de que no hubo confusión por el significante “independencia” como bien lo expresa la socióloga María Pía López, sino más bien la decisión de desplazar el significado. Por eso, estamos en problemas…